CORRUPCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
creado por valentina ortiz y mariana valencia
Al hacer un abordaje a
La Corrupción, su historia y sus consecuencias en Colombia, es
Necesario conocer el
origen etimológico de la palabra corrupción procede del latín corrupto,
Que se refiere a los
cambios respecto a lo que se considera la naturaleza esencial de las cosas. Así
Pues, se reconoce en la
corrupción una forma particular de cambio en virtud de la cual algo
Esencialmente deja de
ser lo que es o bien se aparta de la que fuera su original intención u
Objetivo. La naturaleza
abstracta y la importancia del cambio desnaturalizado al que esta palabra
Se refiere, le han
merecido una gran variedad de aplicaciones en la Ciencia, el Derecho y la
Filosofía.
En la actualidad, al
margen de su vigencia en la Filosofía Moral y la Teología, resulta cada
Vez más frecuente el
uso del término en referencia a la gestión del sector público. Cuando se
Asume que la gestión
pública existe para encausar y optimizar los esfuerzos de los particulares
Hacia el bienestar
colectivo, como lo hicieran antaño Adam Smith y Jean Jacques Roseau, la
Misma puede tenerse
como corrupta en la medida en que se desvía deliberadamente del que se
Considera su fundamental objetivo.
Sin embargo, el término
raras veces resulta tan interesante como cuando se utiliza para
Calificar determinadas
formas de conducta o aún la naturaleza misma de la especie humana en
Otro sentido, la
corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o
de
Medios para sacar un
provecho económico o de otra índole, refriéndose al mal uso del poder
Público para obtener
Una ventaja ilegítima,
en la actualidad y como se tiene conocimiento a través de los diversos
Medios de comunicación,
se han producido numerosos casos de corrupción en el sector público.
Esto demuestra no sólo
la impunidad con la que pueden actuar los distintos servidores y
Funcionarios públicos,
sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas
Situaciones y de una reforma política generalizada.
Así mismo hay que
establecer que existen diversas instituciones y organismos que tienen la función
el acometer lo que sería el control de la citada corrupción. Entre ellos se
destaca,
Transparencia
Internacional (TI), organización no gubernamental, fundada en la década de los
Años 90 y con sede en
Berlín (Alemania), que se encarga de desarrollar distintas medidas con el
Claro objetivo de ponerle fin a la anteriormente
citada acción.
La corrupción es
considerada tanto un fenómeno social como un resultado económico; un
Fenómeno social, por
cuanto la misma solamente es manifiesta en la interacción del ser humano
Con sus semejantes. Se
trata de un resultado económico en tanto motivado por la expectativa de
Beneficios de dos o más
particulares de los cuales al menos uno es un funcionario público.
Para efectos de este
artículo se entiende como corrupción el uso indebido del poder que
Tienen las personas, derivado de los empleos que
desempeñan en el nivel gubernamental y como
Consecuencia de ello
obtienen beneficios para sí mismos o para terceras personas, generalmente
De tipo económico.
La percepción sobre la corrupción en el país se ha
venido elevando en los últimos años, según
Lo revela el Índice de
Percepción de Corrupción 2013 (IPC), de la agencia para la Transparencia
El informe califica de
0 a 100 la percepción sobre corrupción en el país y en ese estudio,
Colombia tiene 36 puntos, muy por debajo del
promedio regional que es de 45 puntos. En la
Región el país está en
el lugar 18. Para Transparencia Internacional, el problema sigue siendo
Alarmante y considera
que la lentitud de la Justicia para castigar a los corruptos y las repetitivas
Prácticas de abuso del
poder en todos los niveles del sector público se reflejan en la pobre
Calificación del país
en este Índice de Percepción de Corrupción. (Transparencia Internacional,
2013)
En el IPC,
Transparencia Internacional evalúa los niveles de percepción de corrupción en
el
Sector público, basada
en los resultados de diferentes estudios y encuestas realizadas a
Ejecutivos, expertos y
analistas de riesgo, encontrándose que en el país: Aunque el Estado colombiano
ya cuenta con buenas herramientas para luchar contra la corrupción,
Como el Estatuto
Anticorrupción, no se percibe que estas medidas sean efectivas. Estos avances
Normativos contrastan
con los numerosos escándalos de corrupción que muchas veces terminan
Impunes. (Transparencia
Internacional, 2013, párr. 6), señala el comunicado que soporta el reporte.
Según lo que se señala
en este comunicado, existen en Colombia las medidas, pero al parecer
No han sido muy
efectivas porque no se muestran cambios significativos, a pesar de las campañas
Que se hacen a este
respecto, lo que justifica que se endurezcan las sanciones como medida para
Intimidar a quienes
recurren a estas prácticas que empobrecen al país y dañan su imagen a nivel
Nacional e
internacional, lo que perjudica la inversión extranjera ante la falta de
transparencia.
Elisabeth Ungir (2013)
Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia afirma:
“Mientras continuemos viendo que hay justicia
dilatoria para los corruptos y que los niveles de
Sanción no son
coherentes con el gran daño social y económico, la percepción de corrupción no
Va a disminuir”. (Transparencia Internacional, 2013,
párr. 7)
El sector privado no
queda de lado pues este tiene una inmensa responsabilidad en el
Problema de la corrupción. En temas como la
financiación de campañas políticas, donde
Lamentablemente se
encuentra la génesis de la corrupción, los empresarios tienen que comenzar a
Ser más transparentes, contar a quiénes financian y
bajo qué condiciones.
En el IPC, Dinamarca y Nueva Zelanda aparecen como
los países menos corruptos del mundo, con
Una puntuación de 91.
Colombia, como ya se mencionó está en el puesto 94, con una calificación de
36, mientras que los últimos lugares son para
Afganistán, Corea del Norte y Somalia, con solo 8
Puntos cada uno.
En
América, el país mejor ubicado es Canadá, en el puesto 9 con una puntuación de
81. El segundo es
Barbados, con 75
puntos. Del vecindario, el primero es Uruguay, en el puesto 19, con 73 puntos,
los
Mismos que tiene Estados Unidos.
En el caso Colombiano,
el año pasado tuvimos la misma puntación, pero ocupamos el puesto 20 entre
Los países menos
corruptos de la región. Ahora estamos en el puesto 18Reficar, los comedores
escolares, Interpola, La Guajira, el cartel de los pañales, el ‘carrusel’ de la
contratación, Estragal... La lista de casos de corrupción en Colombia parece
interminable. ¿Qué está pasando?
La extensión y
persistencia de las prácticas corruptas en el país demuestran que no se trata
de un fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política, sino
que estamos ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan
los códigos morales más profundos.
La primera reacción
ante este alud de corrupción es poner en entredicho la eficacia de los
organismos de control y del sistema judicial. Pero aunque el papel de estas
instituciones es muy importante, hay que notar que su actuación tiene ciertos
límites y se reduce a los hechos cumplidos: estas entidades no hacen mucho en
la prevención y poco o nada a la hora de combatir las raíces sociales del
problema.
A estas últimas me
propongo dirigir la atención en este artículo.
(Además: Corrupción es
el principal problema del país en este momento: Gallup)
Los niveles de la moral
Empecemos por entender
las etapas del desarrollo moral, que consiste en avanzar de una concepción
centrada en el interés personal hacia el reconocimiento cada vez más extenso de
los derechos ajenos. En los estudios sobre psicología infantil (especialmente
en los textos ya clásicos de Jean Piaget o de Lawrence Kohlberg) se han
identificado varios niveles o fases sucesivas en el proceso de construcción
moral:
• En la fase de
orientación egocéntrica, el yo y lo mío son lo central.
• En el nivel teocéntrico,
los grupos a los cuales pertenezco y con los cuales me identifico pasan a ser
el foco: la familia, la comunidad local o el país como un todo (por ejemplo, en
el nacionalismo).
• Bajo la orientación
mundo-céntrica, toda la humanidad constituye mi foco de referencia.
• Y en el plano homocéntrico,
mi orientación se extiende a todos los seres vivos.
El proceso de
desarrollo moral es acumulativo, o sea que el reconocimiento de los derechos se
va ampliando sin excluir los referentes anteriores. Pero no todos los niños ni
en todas las culturas se completan el proceso, de modo que la moralidad de
muchas personas adultas corresponde a las etapas iniciales.
Los niveles superiores
de esta escala (mundo y homocéntrico) son esenciales para fundamentar una moral
genuinamente interesada por los temas ambientales, por ejemplo. Y en el nivel teocéntrico,
el individuo necesita al menos abordar el país como un todo para fundamentar
una moralidad genuinamente preocupada por la corrupción.
Aquí es donde está el
problema: muy pocas personas alcanzan el nivel teocéntrico ampliado. Es decir,
a pocos les importa el país como un todo. Veamos por qué.
País dividido
Para empezar,
consideremos el origen de nuestra estructura social. Esta proviene de la
Conquista española, la cual entronizó una jerarquía de castas fundamentada en
la pureza racial durante más de tres siglos. La Independencia, auspiciada por
los criollos blancos, llevó a la abolición formal de las castas, pero no acabó
las prácticas sociales de exclusión o discriminación por razones de sangre.
Esto implicó la
persistencia de sistemas de relaciones de dependencia personal, lo cual ha
impedido el desarrollo de una solidaridad nacional democrática, elemento
esencial para una moral colectiva genuina. Más bien, la solidaridad se ha
ejercido dentro de redes familiares y de clientelismo, que son muy limitadas.
La otra cara de la
moneda ha sido el elitismo que dicha jerarquía entraña y que implica un sentido
de privilegio, de no estar sometido a reglas. Por eso se han acuñado refranes
como “la ley es para los de ruana”. Esto es importante, porque los estratos
altos y medio-altos son los mayores agentes de la corrupción en Colombia. Desde
luego, se encuentra la criminalidad más abierta en los estratos inferiores,
pero esta nace en parte de las dificultades de acceso a las oportunidades
económicas.
El tránsito hacia una
economía de mercado, que se dio en el país mientras se mantenía la estructura
anterior, significó la creciente intensificación de un nuevo criterio de éxito:
el económico. La individualización que conllevaba esta visión de éxito se ha
traducido en el abandono progresivo de los valores tradicionales que daban
prioridad a la lealtad y a la obediencia. Esta erosión de valores implicó el
regreso desde niveles teocéntricos más amplios a unos menos amplios, hasta
llegar al nivel puramente egocéntrico.
Por otra parte, la
conformación física del país (compuesta por regiones separadas, heterogéneas y
con precarias vías de comunicación) dio lugar a una nación fragmentada donde
los “otros” no están articulados con el centro. Por ejemplo, en lo simbólico,
apenas hacia 1920 el país tuvo oficialmente un himno nacional. Y tampoco
contribuyó a la integración la persistencia del conflicto armado.
Ligado a lo anterior
aparece la ausencia de un Estado con la fortaleza suficiente para garantizar el
reinado de la ley y la responsabilidad política de los elegidos (especialmente
en la periferia). Tal como lo han mostrado, entre otros, los trabajos de Fernán
González, Alejandro Reyes y Francisco Gutiérrez, lo que ha existido
históricamente es un acomodo entre élites nacionales, regionales y locales: las
primeras conceden a las segundas un amplio grado de autonomía a cambio de su
respaldo.
Esta fragmentación mina
por completo la independencia y efectividad de las escasas y débiles
instituciones nacionales, estimula el clientelismo y permite la corrupción. Por
ejemplo, muy recientemente el presidente de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, Juan Martín Caicedo, habló de este fenómeno en referencia a la
adjudicación y realización de obras.
Por otra parte, el
limitado crecimiento económico del país y la concentración de sus beneficios
han significado niveles de apenas subsistencia para la mayoría de colombianos.
Como ha explicado el psicólogo Abraham Maslo, esta precariedad en las
condiciones de vida obliga a concentrar la atención en satisfacer las
necesidades más básicas, pero no permite pensar en los niveles superiores,
donde se fundamentan la moralidad y la solidaridad.
(Lea: Conozca cuáles
son las 500 empresas que deberán tener plan anti soborno)
¿Se puede hacer algo?
Sin duda, los grandes
cambios sociales del último siglo han incidido sobre los patrones de la
moralidad, y en algunos contextos o sentidos han ayudado a crear nuevas
solidaridades integradoras. Por ejemplo, la concentración demográfica en
centros urbanos, la industrialización, el cambio tecnológico, la generalización
de la educación y el desarrollo de los medios de comunicación (hasta llegar a
internet). A esto se suman la expansión demográfica y el rejuvenecimiento de la
población.
Todo esto constituye el
fundamento de una nueva esfera de opinión pública crecientemente crítica, cuya
presencia e impacto se muestra en la cada vez mayor censura popular no solo a
la corrupción y la criminalidad, sino al irrespeto de los derechos
fundamentales, de género y de los animales, entre otros.
No obstante, la mayoría
de colombianos viven todavía marcados por relaciones de dependencia personal,
en condiciones no muy alejadas de la subsistencia y con solidaridades ancladas
primariamente en redes familiares extendidas, lo cual inhibe el desarrollo de
una moral universal. Solamente el crecimiento de una clase media próspera,
segura e independiente puede fortalecer la capacidad moral.
La intensificación
mundial del capitalismo neoliberal viene imponiendo modos de vida
caracterizados por la primacía del consumo, el cual tiene un referente
esencialmente privado e individual que erosiona los valores y las solidaridades
más amplias. En tal sentido, el capitalismo actual auspicia una regresión a
identidades ancladas en lo egocéntrico. Lo mismo hace las tendencias de concentración
del ingreso y de la riqueza, especialmente fuertes en países como Colombia.
Esta situación refleja
la gran dificultad para interiorizar las normas de equidad en sociedades
permeadas por la injusticia. Las dificultades de una moral incluyente se
reflejan, por ejemplo, en el escaso rechazo de los condenados y señalados por
corrupción dentro de sus comunidades. Esto se manifiesta asimismo en la
tranquilidad con la cual estos hacen despliegue público de sus riquezas.
En ausencia de una
moral de base amplia, el Estado es percibido como un botín, una fuente de la
cual hay que aprovecharse si la oportunidad lo permite. Y el sector privado no
escapa a tendencias similares. Sin duda, las dificultades para acceder a
canales alternativos de movilidad social pesan en este problema, como también
pesa el anhelo desbordado de riqueza fácil.
Mientras no entendamos,
reconozcamos y actuemos frente a estas raíces sociales y psicológicas de la
corrupción, difícilmente habrá avances sostenibles en su contención. Desde
luego, mejorar la actuación de las autoridades de sanción y prevención es muy
importante. Pero es fundamental construir una moralidad ciudadana más amplia a
través de enfoques de formación inteligentes con didácticas apropiadas para
todas las dimensiones involucradas: socioeconómicas, cognitivas, emocionales y
valorativas.
(También: Lo que está
probado y lo que sigue en investigación sobre Odebrecht)
EDUARDO LINDARTE
MIDDLETON*
Razón Pública
* Economista y doctor
en sociología de la Universidad de Wisconsin. Coordinador del Departamento de
Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Manizales.
Razón Pública es un
centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas
tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
FUNDAMENTOS
Sabed y Bruce (1998)
definen la corrupción como «el mal uso o el abuso del poder público para
beneficio personal y privado», entendiendo que este fenómeno no se limita a los
funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y
actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos
consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con
el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común". Por lo general
se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se
dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma
enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.
El concepto de
corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción. Lo cierto es que
algunas prácticas políticas pueden ser legales en un lugar e ilegales en otros.
En algunos países, la policía y los fiscales deben mantener la discreción sobre
a quién arrestan y acusan, y la línea entre
Fuente: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2015-colombia-con-altisima-percepcion-de-pais-corrupto
Discreción y corrupción
puede ser difícil de dibujar. Los países en que la transparencia de las cuentas
públicas, adquisiciones, concesiones y similares sea reducida o incluso
inexistente estarán más expuestos a estas acciones, pero si además los medios
de información no son transparentes al informar a los ciudadanos o se ven
coartados en la posibilidad de hacerlo o simplemente manipulados, el proceso de
corrupción será más complicado de erradicar y juzgar.
Siguiendo a Max Weber,
puede decirse que la gran diferencia entre el ejercicio del poder por el
Antiguo Régimen y el mundo democrático, es que en el Antiguo régimen ese
ejercicio era marcadamente patrimonialista. Sin embargo, en los regímenes
democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder tiene
que responder ante la nación.3 Por otro lado resultan útiles las aseveraciones
de Teobaldo, quien, además de definir la corrupción como «el uso ilegal del
oficio público para el beneficio personal», intuye que en el mundo
preindustrial las dependencias personales dieron paso —en el mundo industrial—
a la codificación formal de las organizaciones sociales buscando la eficiencia.
Sin embargo, los lazos familiares o de amistad aún perduran con más presencia
conforme se desciende en la pirámide burocrática. Los países desarrollados
también presentan corrupción, pero ésta tiende a frenarse cuando se dan
aumentos extraordinarios en la cantidad y la calidad de los medios de
producción, y también si se diera una economía internacional basada en un
sistema estable de intercambio de valores, bienes y servicio. Dijo
alguna vez el difunto ex presidente Julio César Turbay Ayala: “Tenemos que
reducir la corrupción a sus justas proporciones”;
Parece que los y las
encargadas de la política en el país apoyan la anterior afirmación. En Colombia
el uso de los recursos del
Estado de forma
irregular, el aprovechamiento excesivo de las posiciones privilegiadas que otorga
la política y la flaqueza de la justicia
Con respecto a estas
ilegalidades, han permitido que la corrupción exista en el país por lo menos
desde que los integrantes de este
Periódico estudiantil
tienen uso de razón.
En la actualidad los
hechos de corrupción más debatidos y cuestionados pertenecen a dos gobiernos
diferentes. El primero fue el del
Ex presidente Álvaro
Uribe Vélez con el programa de Agro Ingreso Seguro y la ‘Yidispolítica’, en
donde se crearon distintas alianzas
E intercambios para
obtener ciertos beneficios. El segundo pertenece al gobierno distrital del aún
alcalde Samuel Moreno Rojas con
El tan criticado
carrusel de la contratación. Todos estos actos son considerados por los
ciudadanos como reprochables – unos más que
Otros, pues, al final,
la población civil siempre será la víctima del mal uso de los recursos del
Estado. No es sólo el hecho de robarse
Unos “pesitos” o de
intercambiar beneficios, esta situación puede ser una de las explicaciones a
los altos índices de indigencia en Colombia.
Si estos recursos
tuvieran un buen uso, tal vez la brecha social en el país no sería tan amplia.
De forma específica en Bogotá, el
Dinero bien utilizado
podría incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Si éste se invirtiera
en sus calles, en seguridad o incluso
En un mayor cubrimiento
de la educación pública, viéndola como derecho fundamental, tal y como lo
expresa la constitución política
De Colombia, las cosas
podrían ser diferentes.
Sin embargo es también
importante enfatizar que la corrupción no se trata únicamente del mal uso del
dinero estatal. El aprovechamiento
De los privilegios que
se tiene como funcionario público o empleado del Estado es otro mecanismo de
corrupción. La ‘Yidispolítica’ es
Un ejemplo del uso
viciado que se le dio a una posición privilegiada para tomar decisiones
trascendentales para el país, afectando así la
Democracia colombiana.
También está el caso del congresista Iván Moreno Rojas, quien sacó provecho de
la posición privilegiada de
Su hermano para recibir
beneficios propios.
No obstante, no se
puede afirmar que la corrupción sea exclusiva en el mundo de la política; no
sólo gobernadores, alcaldes, congresistas,
Presidentes o
funcionarios públicos hacen parte de los escándalos de corrupción, también está
el otro lado de la relación en donde
Hemos visto ciudadanos
involucrados en estas alianzas. Los Nula, son en este momento los más
escuchados como ciudadanos partícipes
En actos corruptos;
pero no son los únicos. También están las familias Dongón, Lacouture, entre
muchas otras que recibieron
los beneficios de Agro
Ingreso Seguro, esto por dar sólo unos cuantos ejemplos. Lo anterior nos
muestra que la corrupción no es un
Problema del Estado y
que él solo deba solucionar. Se trata de una problemática más amplia que nos
pertenece a todos. A pesar de lo
Expresado por el ex
presidente Turbay, no se trata de un efecto colateral que debe verse reducido,
es un delito que debe ser castigado, y
Una conducta que
debería tratarse de eliminar.
Así, por el momento y a
corto plazo se seguirán conociendo las decisiones de jueces y fiscales sobre
los actos corruptos hallados; a
largo plazo, acabar con
la corrupción, o por lo menos – si esto es imposible- reducirla lo más que se
pueda, no a sus justas proporciones,
porque éstas no
existen, pero sí a índices que el país no ha conocido.
TIPOS
Mujica reconoce dos
tipos de corrupción:
La gran corrupción: que
genera la desconfianza en las autoridades centrales, pervierte el
funcionamiento del aparato estatal, y desvía recursos.
La pequeña corrupción:
que tiende a movilizar pequeños montos de recursos económicos u otros bienes, y
que se ubica en el escenario procedimental de atención al ciudadano. Algunas
semanas atrás leí una vieja entrevista que le hicieron distintos
Usuarios del portal de
la Fifa a Juan Sebastián Verón (Arg). Una
Pregunta me llamó
considerablemente la atención, un niño quería saber
Cuál era el camino para
llegar tan alto como él ha llegado. “La Brujita”
Le dio 3 consejos y al
final le dijo algo que me quedó grabado desde
Entonces. Refiriéndose a la ruta para llegar a la
gloria, cerró su respuesta
Diciendo “Y lo más
importante, que no crean nunca que ya llegaron.
Porque cuando te la
creés, empezás a bajar”. En ese momento sus
Palabras se perdieron en mi mente, sin embargo, días
después mientras
Recorría en bus la
destrozada carrera séptima de la capital de Colombia,
Me acordé de su mensaje
y me di cuenta que tenía mucha razón.
Hace más de 10 años Bogotá inauguraba el
Transmilenio, un sistema
De transporte masivo
que revolucionaría la movilidad en nuestro país
Y tendría grandes
repercusiones en incontables ciudades del mundo.
Ésta era tan sólo la punta del iceberg del
desarrollo de una metrópoli
Que avanzaba a pasos
agigantados en diversos frentes, la admiración
Internacional era tan
sólo comparable con la confianza que tenían los
Ciudadanos en el gobierno. Todo parecía ir viento en
popa, creíamos
Estar encaminados al
desarrollo, hacia una urbe moderna, incluyente y
Competitiva. Pero los bogotanos cometimos el error
de creernos en la
Cima sin haber llegado,
y como dice el ídolo pincharata; “cuando te la
creés, empezás a bajar”. Y desafortunadamente
nosotros no fuimos la
Excepción, nos tocó
caer de la nube.
Una década después nos
Encontramos en el
ocaso, en
El punto del pudo ser pero no
Fue, en una crisis
profunda y
Preocupante. Se abren cientos
De frentes de obra pero
se
Cierran pocos, se
adjudican
Millonarios contratos que
Después son
investigados por
Malos manejos, los
ciudadanos
Debemos aguantar las
Consecuencias de la
corrupción,
Los trancones y la
inseguridad.
Y como si fuera poco, a todos
Estos problemas se
suman uno
Más grave, los
bogotanos hemos
Olvidado el papel que tenemos
En la administración
distrital. Sin importar el grado de culpabilidad
Que tengan los Nule,
los Moreno u otros funcionarios públicos, la
Indiferencia de la
ciudadanía ha fomentado que ellos sientan libertad de
Hacer lo que quieran.
Son muchos los que se quejan por la situación, sin
embargo cuando se
Les pregunta por
soluciones prefieren distanciarse argumentando que la
Política es pura
corrupción y definitivamente no les interesa. Yo creo que
Ambas posiciones son erróneas, en primer lugar no
todos los políticos
Son corruptos, somos
los ciudadanos quienes hemos permitido que en
Nuestro país prolifere
esta relación. En segundo lugar, quienes evitan
Opinar en estos temas no se dan cuenta que es deber
de todos construir
La sociedad en la que
vivimos. No hace falta ser politólogo para hablar
De política, mucho
menos hace falta hablar de política para opinar en el
Rumbo de nuestra ciudad. Basta con quererla y
preocuparse por el futuro
Para trabajar en ella y
ayudarla a salir del punto en el que se encuentra.
La solución está lejos
pero no es imposible llegar a ella, los avances en
Las obras de la calle
26 demostraron que cuando se prenden las alarmas
Las cosas empiezan a funcionar, el problema es
cuánto nos demoramos
En prenderlas. Habría
preferido que hubiesen sido los vecinos y no una
Investigación
periodística quienes hubieran denunciado el atraso de este
Proyecto, de todos
modos no vale la pena lamentarnos sino aprender las
Lecciones que nos dejan los errores. Dentro de unos
meses los bogotanos
Elegiremos quién debe
ser el siguiente Alcalde, ojalá todos lo hagamos
A consciencia y
escojamos el candidato más indicado para liderar este
Proyecto. Sin embargo,
ojalá todos entendamos que la cosa no termina al
Depositar un papel en una urna, ese es sólo el
comienzo del trabajo que
Tenemos que hacer todos
los que queremos a Bogotá.
Cada vez que se abra un frente de obra cerca a
nuestro lugar de
Trabajo, estudio o
residencia, o cada vez que estemos cerca de un
Contrato público
debemos ser veedores del trabajo del contratista. No
Podemos permitir que se roben
El dinero de los
impuestos
En nuestras narices y
mucho
Menos que se improvise en el
Gobierno distrital.
Aunque nos
Parezcan inservibles,
todas las
Instituciones distritales
tienen
Canales de opinión y defensoría
Del ciudadano por medio
de las
Cuales nos podemos
quejar ante
Cualquier abuso. En
caso de no
Resolver nuestro
problema se
Pueden fomentar asociaciones de
Veeduría ciudadana
organizada
Como lo es “la séptima
se
Respeta”, agrupaciones
locales
O juntas de acción
comunal
Que transmitan nuestras
inconformidades y en casos extremos se puede
Llegar a demandar
legalmente al gobierno distrital.
La indiferencia no puede ser la salida, decir
simplemente que no nos
Interesa la política
por ser pura corrupción es por un lado mostrar total
Desinterés por nuestra
ciudad y por otro darle vía libre a quienes la han
Llevado a su punto actual. Deberíamos cambiar la
actitud pasiva que
Nos ha caracterizado
por una activa que devuelva a la esfera pública a
Quienes nunca debimos
haber salido de ella, los ciudadanos. Es cuestión
De voluntad, liderazgo
y sobre todo amor por Bogotá, la ciudad que a
Muchos nos lo han dado
todo.
CAUSAS
Las causas pueden ser
endógenas (internas) o exógenas (externas):
Entre las muchas causas
endógenas (las que tienen que ver con el individuo) podemos enlistar las
siguientes:
Carencia de una conciencia social.
Falta de educación o de una cultura del compromiso.
Paradigmas distorsionados y negativos.
Personalidades antisociales y megalomanía.
Percepción sesgada del grado de corrupción presente.
Infravaloración de la posibilidad de ser
descubierto.
Como elementos exógenos de la corrupción (los que
dependen de la sociedad), tenemos:
Impunidad efectiva en los actos de corrupción.
Corporativismo partidista.
Modelos sociales que transmiten una falta de
valores, realizando una carencia de estos.
Excesivo poder
discrecional del funcionario público.
Concentración de poderes y de decisión en ciertas
actividades del gobierno.
Discrecionalidad y escasez de decisiones colegiadas.
Soborno internacional.
Control económico o
legal sobre los medios de comunicación que impiden se expongan a la luz pública
los casos de corrupción.
Salarios demasiado bajos.
Falta de transparencia
en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los
procesos de decisión.
Poca eficiencia de la administración pública.
Extrema complejidad del
sistema.
Una clasificación de las causas de la corrupción
reunida por Arjona de los aportes de autores como Cagliari, Rose-Eckermann y
Johnston identifica tres tipos: económicos, político-institucionales y
culturalesHablar de corrupción en Colombia es un tema de vieja data, además de
ser polémico y natural para muchas personas, es el resultado de la poca
credibilidad que los ciudadanos tienen de sus representantes y a su vez de las
instituciones de nuestro país.
Los escándalos cada vez son más grandes y graves del
que acaba de suceder, por eso escuchamos expresiones tan comunes como el
“carrusel de la contratación”, “ollas podridas”, “carteles”, etc y por estos
tiempos es fácil pensar cuál será el próximo en destaparse.
Además de los problemas que tiene toda sociedad, la
corrupción es otro dolor de cabeza para nuestro pueblo, surge entonces varios
interrogantes ¿hasta cuando? ¿por que es tan atractiva la corrupción? ¿cuántos
más? y serian a su vez muchos los
motivos que podría tener un ciudadano para cometer estos ilícitos, a
continuación enunciare varias de las causas:
Falta de valores que ayuden a tomar buenas
decisiones y las buenas costumbres: es algo que desde niños se debe inculcar y
enseñar por parte de los padres, docentes, y la sociedad en general porque son herramientas para toda la vida del
ser humano.
Instituciones débiles: aun cuando es un ambiente
complejo, las instituciones encargadas de vigilar, controlar y sancionar no
muestran resultados alentadores para menguar el daño al patrimonio de la
Nación.
No se denuncia: aprendimos a vivir con el problema y
lo aceptamos por ende no tenemos conciencia de avisar a las autoridades
encargadas de este flagelo.
Miedo: el Estado no ofrece garantías para las
personas que toman la decisión de denunciar las irregularidades que observan o
son participes en las instituciones.
No hay educación para saber donde se denuncia.
Falta de información clara en los procesos de
contratación.
El mensaje final es una invitación para que desde
nuestros hogares demos el mensaje y enseñemos a que todos los miembros
cumplamos nuestro deber como ciudadanos y de esta forma comenzaremos a formar
una sociedad más justa, equitativa y
menos conflictiva. "No puede haber democracia sin
lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es
un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. Lo mismo pasa con los mafiosos, los mafiosos
no son solamente criminales, la mafia es un sistema de poder económico, un
sistema de poder político, un sistema de poder religioso, un sistema de poder
financiero(...) La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto de
intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia, el libre mercado,
destruye el normal funcionamiento del sistema".
Esta frase, pronunciada por Leoluca Orlando,
diputado italiano y ex alcalde de Palermo durante una visita a Bogotá el mes
noviembre de 2009[1], sintetiza de manera contundente los alcances e
implicaciones de la corrupción en el mundo.
En particular, es importante llamar la atención
sobre la relación que establece entre corrupción y democracia. Las prácticas corruptas impiden materializar
los principios y los objetivos del Estado Social de Derecho, en la medida en
que concentran en manos de unos pocos los recursos y bienes que deberían
destinarse a intereses colectivos; distorsionan la toma de decisiones a favor
de intereses particulares; aumentan los costos de administración de bienes y
servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad, erosionan
la confianza ciudadana en las instituciones, y contribuyen a debilitar la
legitimidad del Estado.
También es relevante señalar la vinculación que
según Orlando existe entre la corrupción y los actores y acciones de naturaleza
mafiosa. Esto es especialmente
cierto para el caso colombiano, donde
esta relación se ha puesto en evidencia de manera contundente en los últimos años, cuando
sectores vinculados con actividades ilegales -narcotráfico y paramilitarismo-
resultaron comprometidos en la captura y la reconfiguración cooptada del
Estado, fenómenos evidentemente imbricados con prácticas corruptas. No en vano varios analistas colombianos, han hablado de la existencia de un círculo
perverso entre corrupción, violencia y narcotráfico.
Una corrupción más grave
Por ejemplo,
Luis Jorge Garay se refiere a este fenómeno en los siguientes términos:
"Aquello que, hasta hace algunos años, se conocía como corrupción -el
soborno, la adjudicación indebida de contratos, el clientelismo y el desvío de
recursos públicos- ha cambiado al punto de que actualmente sólo puede
analizarse y entenderse en un contexto más amplio que el tradicional, ante el
papel determinante que han ejercido procesos y actores de corte
mafioso"[2].
Esto hace que la acepción tradicional de la
corrupción, que ha sido definida por Transparencia Internacional como "el
abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en
detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar,
entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a
cambio de acciones, decisiones u omisiones", se quede corta para entender la complejidad
del fenómeno en sociedades como la nuestra.
Y que sea necesario abordarla como una "práctica funcional en la
organización económica, política y social existente que se manifiesta bajo una
lógica de interacción de agentes para la satisfacción de intereses de grupos
poderosos legales e ilegales al margen del mercado y en veces de la
institucionalidad, en detrimento de intereses y propósitos de la
colectividad"[3].
Debilidad de Colombia
Además de lo anterior, hay algunas condiciones
estructurales del Estado colombiano, del sistema y del ejercicio político que
se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción. Entre ellas,
La concentración creciente del poder en el Ejecutivo
y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos;
El clientelismo;
La impunidad;
La falta de transparencia en la financiación de la
política;
La "cultura del atajo" y el "todo
vale";
Una débil cultura de rendición de cuentas;
El incumplimiento por parte de muchas entidades
públicas del derecho de acceso a la información;
Fallas en el diseño de la institucionalidad estatal,
e
Incumplimiento de la normatividad vigente.
Además, la corrupción está inmersa en toda la
sociedad, involucrando al sector público, al sector privado y a la ciudadanía. Dicho en otras palabras, el fenómeno parece
estar relacionado con causas de orden ético, social, político y administrativo.
Mal en el ranking mundial
Las diferentes mediciones realizadas sobre la
corrupción en Colombia muestran un panorama bastante desalentador. Según el Índice de Percepción de Corrupción
2010 de Transparencia Internacional, Colombia obtuvo un puntaje de 3,5 (siendo
"0" la calificación más baja, es decir alta percepción de corrupción,
y 10 la más alta, o sea la percepción de corrupción más baja). Esto sitúa al país en el puesto 78 entre 178
países evaluados. De otra parte, en el contexto americano, Colombia ocupa el
décimo puesto (entre 18) y en el Latinoamericano, el cuarto (El Cuadro anexo al
final de este artículo presenta la información desagregada).
Adicionalmente debo resaltar que durante los últimos
doce años no ha habido cambios significativos,
lo cual indica que las políticas y acciones emprendidas para enfrentar
la corrupción no han sido eficaces.
De otra parte, según el Barómetro Global de
Corrupción 2009 (cuadros 1 y 2),
Colombia tiene uno de los niveles más altos de desconfianza en los
partidos políticos y en el poder legislativo del Continente. Estas
instituciones son percibidas como las más permeadas por la corrupción. De la misma manera, Colombia es el país que
en mayor grado percibe al sector privado como corrupto, al igual que a los
medios, los funcionarios públicos y el poder judicial.
EFECTOS
ECONÓMICOS
Un reciente estudio, coordinado por Fernando Cepeda
Ulloa analiza el fondo de la corrupción y la percepción de los colombianos
sobre el fenómeno. Estos son algunos apartes.
LAS CAUSAS DE LA CORRUPCION LAS CAUSAS DE LA
CORRUPCION
De acuerdo con el sistema de análisis desarrollado
por Robert Klitgaard, puede esperarse que la corrupción aumente con el grado de
ineficiencia en el cual se desarrolla la actividad de las instituciones, con la
discrecionalidad de los funcionarios, con el grado de monopolio sobre los
servicios que prestan, con los ingresos que pueden obtenerse en las actividades
corruptas, con una baja probabilidad de ser descubierto, con unos bajos
castigos para las actividades corruptas y con una baja sanción social sobre los
individuos corruptos.
INEFICIENCIA
Esta es, probablemente, la causa más importante de
la corrupción. La ineficiencia reduce la calidad del servicio que las entidades
prestan al público y, por consiguiente, crea estímulos tanto para que cliente
ofrezca dinero a cambio de la obtención del servicio como para que el
funcionario se involucre en este tipo de transacciones. La ineficiencia está asociada
a la carencia o el pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y
control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas,
establecer las responsabilidades y aplicar los castigos.
Un estudio completo de la ineficiencia en el sector
público colombiano va más allá de los propósitos de este informe, pero algunas
de sus causas y manifestaciones identificadas en el pasado merecen ser
mencionadas:
El gobierno se ha sobreextendido en sus funciones.
En el pasado, el Estado asumió responsabilidades sobre la provisión de un
número demasiado grande de bienes y servicios que no podía cumplir en la forma
apropiada. Como resultado necesario, esas funciones se han cumplido con bajos
niveles de eficiencia y eficacia.
tanto los funcionarios de primer nivel en las
entidades como las políticas de las instituciones son muy inestables. El
frecuente relevo de directores lleva a que los cargos de mayor responsabilidad
sean ocupados por personas de su confianza, lo que trunca las posibilidades de
ascenso de los empleados que han permanecido mayor tiempo en las entidades. A
su vez, esto lleva a la idea extendida entre los empleados medios y bajos de
que la calidad de la gestión no es importante, pues los resultados no tienen
posibilidades de salir a la luz ya que serán borrados por una administración
diferente, que necesariamente llegará pronto con nuevos planes y prioridades.
Las entidades públicas ofrecen escasos incentivos para el desarrollo
profesional de los funcionarios en general. La primacía de los criterios
políticos en la selección del personal y en la asignación de los ascensos
refuerza la tendencia. Con algunas excepciones, el prestigio asociado al
desempeño de un cargo público se ha reducido dramáticamente en Colombia en las
últimas dos décadas. Los profesionales recién graduados, en particular los más
brillantes, muestran un interés decreciente por trabajar con el Estado.
Lo anterior lleva a que la calidad profesional de
los empleados del sector público en general sea baja. A la falta de estímulos
en cuanto a posibilidades de surgimiento profesional se añaden los bajos
salarios que pagan las entidades públicas. Las restricciones presupuestales han
generado un descenso de los salarios de los funcionarios en términos reales y
en particular en comparación con los niveles del sector privado. Los salarios
de entrada son particularmente bajos, lo que refuerza la tendencia a la
vinculación de los mejores profesionales recién egresados al sector privado. El
estado de ánimo en general de los funcionarios públicos es de apatía y falta de
iniciativa.
La conformidad del funcionario público es en muchos
casos resignación dizfrazada. En otros estrategia para permanecer en una
oportunidad que probablemente no se repetirá, y en otros consecuencia de la
falta de una adecuada motivación para entender con claridad el alcance de las
tareas que están a su cargo".
Dentro de la administración del estado no hay un
sistema que premie la gestión eficiente y castigue la ineficiente. Un sistema
de carrera admnistrativa que tiene fuerza legal, pero no está siempre basado en
la promoción de acuerdo con el mérito, tiende a generar estabilidad laboral
para el personal ineficiente o corrupto, y escasas motivaciones para los buenos
profesionales.
No existen sistemas efectivos y generalizados de
control de resultados, de modo que no se cuenta con los parámetros necesarios
para medir la efectividad del desempeño. Frecuentemente existe confusión
respecto de los propios objetivos de las instituciones. La falta de organizacion
y planeación hace que sea muy difícil obtener información oportuna y exacta
sobre los resultados de la gestión. Este solo factor es una de las principales
explicaciones del caos administrativo y la corrupción.
MALA CALIDAD DEL CONTROL
De acuerdo con lo visto anteriormente, la corrupción
aumenta cuanto menores sean tanto la probabilidad de que el agente corrupto sea
descubierto, como la fuerza del castigo cuando se aplica. En ambos casos la
evaluación de la situación colombiana es poco favorable.
Los mecanismos de control de los resultados dc la
gestión pública én Colombia son de baja calidad, tanto en lo que se refiere al
control puramente administrativo e interno de las instituciones, como al
castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el sistema judicial) .
El control administrativo que debería ser llevado a
cabo por cada entidad individual no es efectivo por varias razones. En primer
término, como ya se mencionó, las entidades frecuentemente no tienen claridad
sobre sus propios objetivos, los empleados no conocen tales objetivos
adecuadamente y es imposible contar con este punto de referencia fundamental
para la evaluación de resultados.
Aparte de esta falla esencial, los procedimientos de
control que existen no se cumplen. Existen mecanismos legales creados para
llevar a los empleados a responder por sus responsabilidades, pero su
efectividad es muy baja.
En la teoría y en la letra de las leyes, la
responsabilidad de los funcionarios puede manifestarse en cuatro tipos de
consecuencias: civiles, disciplinarias, penales y políticas. Sin embargo, estas
consecuencias no llegan a verificarse en la práctica por diversos motivos.
La responsabilidad civil puede llegar a afectar el
patrimonio de los empleados públicos por los daños que por su culpa grave o
dolo se ocasionen sobre el patrimonio público y también sobre el de los
particulares. En la práctica estas consecuencias no llegan a producirse, pues
por lo general los particulares lesionados realizan acciones contra las
entidades y no toman acciones directas contra el funcionario. Las entidades
deberían, cuando se han visto obligadas a resarcir a los particulares por este
motivo, hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios. Sin embargo,
esto por lo general no ocurre. La ausencia de responsabilidad de los
funcionarios en estos casos ha permitido que las sumas pagadas por la Nación en
demandas ante los tribunales hayan aumentado de 600 millones de pesos en 1986 a
más de 6.000 millones de pesos en 1991, la mayor parte debidas a decisiones
equivocadas y malos manejos de los funcionarios. En muchas ocasiones los
procesos se pierden por negligencia de parte de la defensa, y no se aplican los
mecanismos existentes para que los responsables reviertan los recursos perdidos
al erario.
En cuanto a las responsabilidades disciplinaria y
penal, que también figuran en la letra de los estatutos disciplinarios y del
Código Penal, no tienen en la práctica la efectividad que se les atribuyó, pues
para establecerlas se requiere la comprobación plena de los hechos que les
sirven de causa. Sin embargo, las dificultades que existen en el país para
realizar investigaciones judiciales que conduzcan a la obtención de pruebas
suficientes (que son la causa del estado de impunidad general), unidas al
desinterés de los funcionarios del Estado y los representantes de las entidades
públicas por contribuir a esclarecer hechos, y a la falta de colaboración de la
ciudadanía, llevan a que las responsabilidades disciplinaria y penal no se
concreten en hechos sino en casos excepcionales.
Finalmente, la responsabilidad política existe para
los altos funcionarios y requiere para que se haga efectiva la acción del
Congreso. Hasta ahora ella solo se ha concretado en casos excepcionales.
En cuanto a la eficacia del castigo por la vía
judicial, esta es también muy baja. La probabilidad y la fuerza de la acción
judicial han sido tradicionalmente débiles. De acuerdo con las estadísticas
oficiales (que son escasas y atrasadas) son pocas las acciones corruptas que
llegan a tener consecuencias judiciales. Según cifras del Dane, en el primer
semestre de 1990 entraron en la etapa de iniciación del sumario 1.411 casos de
delitos contra la administración pública. Las autoridades judiciales llegaron a
dictar providencias de algún tipo en 1.558 casos dentro de su inventario de
procesos acumulados (cabe destacar que los delitos contra la administración
pública apenas fueron el 1.3 por ciento del total de las providencias dictadas
en ese período dentro del sistema judicial colombiano) .
De esos 1.558 casos, 1.129 (el 72 por ciento)
correspondieron a providencias de cesación de procedimiento. Los procesos se
terminaron debido a una variedad de razones, siendo la más importante la
prescripción, citada en el 42 por ciento de los casos. Solo 316 casos (el 20
por ciento) recibieron una resolución acusatoria.
Estos resultados no son extraordinarios dentro del
contexto de la justicia colombiana, pues de 122.967 procesados, el 82 por
ciento llegó a una resolución de cesación de procedimiento, y solo el 12 por
ciento obtuvo una resolución acusatoria. Esta es una demostración más de la
ineficacia general del sistema legal colombiano, caracterizado por una
sobrecarga de casos en manos de los jueces, una incapacidad para desarrollar
investigaciones adecuadamente y un clima general de impunidad. La corrupción en
sus diferentes manifestaciones ha sido un tema de baja prioridad para el
sistema judicial.
DISCRECIONALIDAD
Los temas de la operación de los mecanismos de
control en Colombia y la discrecionalidad de los funcionarios públicos en el
cumplimiento de sus funciones están estrechamente ligados.
Como se mencionó, los sistemas de control se basaron
en el pasado en el principio del control previo (la expedición de la
Constitución de 1991 podría ser señalada como el momento del cambio hacia un
nuevo esquema de control posterior). En los hechos, el control previo terminó
por convertirse en una talanquera para la eficacia de la administración y en
una fuente de corrupción.
Este tipo de control se basa en la disposición de
múltiples procedimientos de chequeo, controles y requisitos casuísticos que
deben verificarse a medida que progresan las acciones de la administración.
Estos controles, que parten de presumir la mala fe de los administradores, han
tenido varias consecuencias. En primer término el objetivo central del control,
mantener la responsabilidad del funcionario, se ha perdido, y los controles han
degenerado en tramitomanía (el ejemplo típico es lo que ha ocurrido con la
contratación pública a partir del decreto 222). Los funcionarios le dan la
mayor prioridad al cumplimiento de los requisitos ordenados por las normas que
al cumplimiento de su verdadera responsabilidad, es decir, al logro de unos
objetivos de gestión. El precepto que determina que los funcionarios públicos
solo pueden hacer lo que la ley les permite, al contrario de los individuos
privados que pueden hacer lo que la ley no les prohíbe, ha terminado por ser un
pretexto para que los funcionarios no tomen las decisiones que les corresponden
para llegar a la solución de los problemas. La tramitomanía y un ambiente
institucional caracterizado por la falta de compromiso con el cumplimiento de
objetivos de gestión constituyen un entorno ideal para el surgimiento de la
corrupción.
En segundo lugar, puesto que los puntos de control o
chequeo están repartidos a lo largo de la cadena administrativa, la
tramitomanía contribuye a diluir la responsabilidad, pues las consecuencias
indeseables deben ser. atribuidas a todos los que participan en la cadena. De
esta forma no hay responsables reales por los descalabros, pues las decisiones
no recaen en un solo funcionario.
Dado que los efectos del control son bajos y existe
una multiplicidad de requisitos que permiten que se diluya la responsabilidad,
los funcionarios públicos en Colombia tienen en general una amplia discrecionalidad,
que equivale a decir que sus acciones en perjuicio del interés público no
suelen traer consecuencias. En la medida en que esta situación prolifera, la
corrupción avanza.
MONOPOLIOS DEL ESTADO
El Estado opera como proveedor monopólico de muchos
de los servicios que presta en la sociedad colombiana. Estos monopolios
permiten que existan entidades que funcionan durante largos períodos con bajos
grados de eficiencia v elevados índices de corrupción, sin que el público pueda
rechazarlas absteniéndose de comprar sus servicios. Se debe destacar que la
existencia de monopolio, público o privado, se presta para la ocurrencia de
corrupción. A la inversa, la introducción de competencia en la prestación de
servicios, a través de unidades públicas o privadas, diluye las posibilidades
de corrupción.
SANCION SOCIAL SOBRE LOS CORRUPTOS
El rápido desarrollo de la sociedad colombiana en
las últimás décadas y la sucesión de "bonanzas" económicas de
diferente origen le han dado un lugar de privilegio en la escala social de
valores al enriquecimiento lícito y también al ilícito. La tenencia de dinero
genera aprecio social, y su carencia lleva a la situación contraria. El
atractivo del dinero es suficientemente grande como para que se olviden los
reparos respecto de la forma como éste es obtenido; desde el punto de vista de
la actividad social de una persona, en Colombia probablemente causa una sanción
social mayor no tener dinero que haberlo obtenido a través de la corrupción.
Esto hace parte de un ambiente general en el cual el
tráfico de influencias es mirado con benevolencia y el uso de recursos públicos
para fines privados es considerado como una prerrogativa normal asociada al
logro de altas posiciones de mando en el sector público.
Por su parte, el papel que cumplen los medios de
comunicación dentro de la lucha contra la corrupción es ambiguo. Por una parte,
los medios publican las denuncias y los resultados de las investigaciones, con
lo cual contribuyen a la creación de una conciencia social sobre el problema.
Los directivos de entidades públicas entrevistados consideran en general que la
denuncia a través de los medios de comunicación tiene un papel sobresaliente
dentro de sus esfuerzos por combatir la corrupción.
Sin embargo, el afán de obtener noticias vistosas y
"amarillistas" centradas en el tema del crimen y castigo, y la
precaria preparación de algunos periodistas, llevan a que los medios no
comprendan la forma como operan las entidades públicas. En consecuencia, no
transmiten una visión real de ellas, ni dan a los ciudadanos la información y
la visión que necesitan para defenderse de los corruptos. Adicionalmente, en la
actualidad las publicaciones de los medios de comunicación sobre el tema de la
corrupción dependen casi en su totalidad de la información suministrada por los
organismos fiscalizadores del gobierno, es decir, la Procuraduría y la
Contraloría. Su labor se ha limitado ha servir de caja de resonancia del
trabajo de estas dependencias.
LA CIUDADANIA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Esta se ha limitado a unas pocas experiencias con
pobres resultados. La ciudadanía no ha encontrado vínculos efectivos para
presionar por una solución efectiva al problema de la corrupción. Esto se debe
en buena parte a que su posición respecto del tema es ambigua, pues los actos
corruptos existen precisamente porque hay agentes privados dispuestos a
involucrarse en ellos.
Aparte de esto, existe una percepción extendida en
cuanto a la inutilidad de la acción de los ciudadanos sobre este problema. Los
grupos más afectados por la corrupción (los consumidores y usuarios de bienes y
servicios producidos por el Estado) no se han organizado de modo que su
intervención constituya una presión efectiva sobre los funcionarios públicos.
Las oficinas de quejas en el pasado generaron una respuesta poco efectiva; lo
normal es que estas oficinas reciban un número grande de denuncias en el
momento en que se abren, pero luego este número desciende a medida que se
pierde la novedad y que los denunciantes notan que su participación no tiene
consecuencias para los implicados en las acciones corruptas (los propios
funcionarios de la Contralaría son conscientes de que éste es uno de los
principales problemas que enfrentan al emprender una campaña moralizadora entre
el público).
Existe un antecedente significativo de una
iniciativa privada enfocada a resolver el problema de la tramitomanía y la
corrupción asociada a ella. A mediados de la década de los 80 se constituyó la
comisión "Colombia Eficiente", como un esfuerzo liderado por el
sector privado, en cooperación con el sector público, destinado a proponer
soluciones para casos concretos de ineficiencia de este último. Esta comisión
despertó un notable entusiasmo en el sector privado. Se trataba, en principio,
de una organización permanente que no se disolvería al terminar el gobierno
durante el cual fue creada. Su objetivo era encontrar puntos específicos en la
administración pública donde la ineficiencia y la tramitología estuvieran
presentes, estudiar las situaciones, presentar propuestas específicas de
solución, hacer un seguimiento de los problemas y estimular la motivación del
público en general en cuanto a la importancia de este esfuerzo. Los principales
gremios del país se vincularon a la comisión. La mayor parte de su financiación
provino del sector privado.
La comisión "Colombia Eficiente" empezó
sus labores con entusiasmo, pero pronto se marchitó. Aunque la comisión nació
con el respaldo del gobierno, el sector privado terminó por convencerse de que
sus recomendaciones no eran tomadas en serio y que se hacía poco por llevarlas
a la práctica.
Lamentablemente, la decisión y el apoyo del gobierno
se debilitaron frente a la conspiración silenciosa de muchos sectores
burocráticos que veían la posibilidad de perder los beneficios derivados del
funcionamiento lento de los sistemas tradicionales que, como todos sabemos,
crean un marco propicio para el mantenimiento del predominio clientelista y el
ejercicio de la deshonestidad. Las prelaciones del gobierno variaron y las
fórmulas de simplificación que presentaba la comisión se recibían con
entusiasmo pero no se ponían en práctica, circunstancia que llevó a los
representantes del sector privado a adoptar la única alternativa posible:
retirarse de la comision
"Se truncó así un esfuerzo que, con el apoyo
del sector privado y de los medios de comunicación, hubiera podido cambiar el
funcionamiento del país, si se hubiera mantenido el apoyo del presidente de la
República durante la totalidad de su período de gobierno. El cambio de actitud
oficial quedó demostrado, pues después de la renuncia de los miembros del
sector privado, la comisión 'Colombia Eficiente' nunca fue reintegrada y se
prefirió minimizar en los corredores palaciegos, el impacto y el alcance de las
propuestas de agilización que hubiera permitido avanzar en la democratización
del país".
La corrupción mina el desarrollo económico ya que genera
ineficiencia y distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción
incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales ya que a éste
hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el coste del
manejo de las negociaciones con los cargos públicos, y el riesgo de
incumplimiento de los acuerdos o de detección. Aunque hay quien argumenta que
la corrupción reduce los costes al sortear una posible burocracia excesiva, la
disponibilidad de sobornos puede inducir también a los cargos públicos a
inventar nuevas reglas y retrasos. Eliminar abiertamente las regulaciones
costosas y prolongadas es mejor que permitir encubiertamente que sean sorteadas
utilizando sobornos. Allí donde la corrupción infla el coste de los negocios,
también distorsiona el terreno de juego, blindando a las empresas con
conexiones frente a las competidoras, sustentando, en consecuencia, a empresas
ineficientes.
La corrupción también
genera distorsiones en el sector público al desviarse inversiones públicas a
proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes. Los
funcionarios pueden incrementar la complejidad de los proyectos del sector
público para ocultar o allanar el camino para tales tratos, distorsionando de
este modo todavía más la inversión. La corrupción también hace descender el
cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente
u otras, reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e
incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno.
Economistas argumentan
que uno de los factores que están detrás de las diferencias de desarrollo
económico entre África y Asia es que en el primero, la corrupción ha tomado
primariamente la forma de expolio (en inglés: "rent extracción"), con
el resultado de que el capital financiero
Obtenido es movido
fuera del país, en lugar de ser invertido en el mismo (de ahí la imagen
estereotipada, frecuentemente exacta, de los dictadores africanos teniendo
cuentas en bancos suizos). En Nigeria, por ejemplo, más de 400.000 millones de
dólares fueron robados del tesoro por los líderes nigerianos entre 1960 y
1999.10 Investigadores de la Universidad de Massachusetts han estimado que
entre 1970 y 1996, la evasión de capitales de 30 países subsaharianos excedió
los 187.000 millones de dólares, superando las deudas externas de aquellas
naciones.11 Los resultados, expresados en retrasos o detenciones del
desarrollo han sido modelados en teoría por el economista Mancar Bolsón. En el
caso de África, uno de los factores contribuyentes a esta conducta fue la
inestabilidad política, y el hecho de que los nuevos gobiernos frecuentemente
confiscaron los activos obtenidos corruptamente por los gobiernos anteriores.
Esto animaba a los cargos públicos a esconder su riqueza fuera del país, lejos
del alcance de posibles expropiaciones futuras. En contraste, los
administradores asiáticos, como el "nuevo orden" de Suharto,
frecuentemente tomaban una parte de las transacciones de negocios o bien
proporcionaron condiciones para el desarrollo, a través de inversiones en
infraestructuras, ley y orden, etc. El estudio,
administrado hace once años por el Observatorio de Democracia de la Universidad
de los Andes, también reveló que el 59,5% de los colombianos cree que la
corrupción es general en los funcionarios públicos.
Este porcentaje, el más
alto en el continente, refleja una realidad compartida por los países de las
Américas, como se destaca en el informe: “Los niveles percibidos de corrupción
política son altos y no han mejorado significativamente desde el Barómetro de
las Américas de 2012”, y a su vez señala que “el fracaso de tantos regímenes
para evitar por completo la corrupción puede tener consecuencias negativas para
los niveles de apoyo político a la democracia y sus instituciones”.
Satisfacción con la
democracia
El informe también dio
a conocer la percepción de los colombianos con respecto a otros aspectos de
interés nacional como la satisfacción con la calidad de la democracia, la
confianza en las elecciones y el apoyo al sistema político, entre otros.
En cuanto al apoyo a la
democracia como mejor sistema de Gobierno, en unaen una escala de 0 a 100,
Colombia promedió 71,5 puntos. Sin embargo,
al ser cuestionados por la satisfacción hacia la democracia en el país
solo el 35,7% de los encuestados se declaró satisfecho, lo cual ubica a
Colombia junto con Venezuela (31,5%) y Guyana (34,8%), dentro del grupo de
países con la menor satisfacción con la calidad de su sistema democrático.
La desconfianza e
insatisfacción de los colombianos también se refleja en su percepción de
transparencia de los procesos electorales, que con un promedio de 33,7 puntos,
ocupa el segundo peor nivel de desconfianza,
seguido por Haití, que con 29,8 puntos es el promedio más bajo de la
región.
Proceso de paz
El estudio muestra que
el apoyo al proceso frente a la medición del año anterior se mantiene estable,
con un 53,4% de los colombianos a favor.
“La región más
favorable a los diálogos de paz es el Caribe con 67,1% de apoyo; la región
Central es la que refleja el apoyo más bajo, con 42,3%”, señala el informe.
Por su parte, Juan
Carlos Rodríguez, codirector del Observatorio de la Democracia, señaló que “la
definición de los mecanismos para la refrendación de lo que se logre acordar en
La Habana es uno de los principales retos del proceso de paz. Esto se hace
evidente puesto que la mitad de Colombia todavía no apoya el proceso de paz”.
Afirmación que se
evidencia en la encuesta ya que el 65,9%
de los colombianos estuvo de acuerdo con ratificar el acuerdo de paz mediante
un referendo y el 25,1% cree que no se debería hacer. Precisando que “el 45,4%
de quienes no apoyan el uso de un referendo afirmaron no estar de acuerdo con
el proceso de paz”. Efectos medioambientales y sociales
La corrupción facilita
la destrucción medioambiental. Los países corruptos pueden tener formalmente
una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede ser ejecutada
si los encargados de que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede
aplicarse para los derechos sociales, la protección laboral, la sindicación y
la prevención del trabajo infantil. La violación de estos derechos legales
permite a los países corruptos ganar una ventaja económica ilegítima en los
mercados internacionales.
El economista y ganador
del Premio Nobel Amartya Sen ha observado que "No existe nada que pueda
llamarse problema apolítico de alimentos". Si bien la sequía y otros
eventos naturales pueden desencadenar condiciones de hambruna, es la acción o
inacción del gobierno lo que determina su severidad, y frecuente, incluso, si
la hambruna llegará o no a producirse. Los gobiernos con fuertes tendencias a
la cleptocracia pueden socavar la seguridad alimentaria, incluso cuando las
cosechas son buenas. Los cargos públicos frecuentemente roban las propiedades
del estado. En Bihar, India, más del 80% de la ayuda alimentaria subsidiaria a
los pobres es robada por cargos públicos corruptos.13 De forma similar, la
ayuda alimentaria es frecuentemente robada a punta de pistola por gobernantes,
criminales, señores de la guerra y similares, y vendida para obtener un
beneficio. El siglo 20 abunda en ejemplos de gobiernos que minan la seguridad
alimentaria de sus propias naciones, a veces intencionadamente.141516
Según el documento
Índice de Percepción de la Corrupción 2011, de Transparencia Internacional,
«más de dos tercios de los [183 países y territorios] clasificados obtuvieron
una puntuación inferior a 5», donde 0 es «sumamente corrupto» y 10, «muy
transparente». En 2009, el informe anual decia: “Resulta evidente que ninguna
región del mundo está exenta de los peligros de la corrupción».
La corrupción puede
tener consecuencias desastrosas. La revista Time informó: «la corrupción y la
negligencia» fueron responsables —por lo menos en parte— de la elevadísima
cifra de muertes ocasionadas por el gigantesco terremoto que asoló Haití en
2010. La revista añadía: «Para construir edificios casi nunca se recurre a
ingenieros profesionales; simplemente se soborna a los inspectores del
gobierno».
Efectos políticos
La corrupción produce
desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la
mayor parte de instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar
estrategias menos cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de no ser
explotado por personas pertenecientes a redes corruptas. Como consecuencia de
lo anterior, en muchos países, genera abstención y pérdida del interés por la
política, por períodos prolongados. Eso sí, ocasionalmente, aparecen
movimientos de protesta que tratan de confrontarse con el poder político, y
generan inestabilidad política y subsiguientemente represión política o
policial.
Efectos en la ayuda
humanitaria
Está en aumento la
escala de la ayuda humanitaria a las regiones pobres e inestables del mundo,
pero es muy vulnerable a la corrupción, siendo la ayuda alimentaria, a la
construcción y otras ayudas valiosas, las que están sometidas a mayor riesgo.
La ayuda alimentaria puede ser desviada de su destino intencional directa y
físicamente, o indirectamente a través de la manipulación de las evaluaciones
de necesidades, registro y distribución, para favorecer a ciertos grupos o
individuos. Del mismo modo, en la construcción y acogida hay numerosas
oportunidades de desviación y beneficio a través de una ejecución de calidad
inferior, mordidas o contratos y favoritismos en la provisión de material de
acogida adecuado. Por ello, aunque las agencias de ayuda humanitaria tratan de
contrarrestar la desviación de la ayuda incluyendo un exceso de la misma, los
recipientes, por su parte, están sobre todo preocupados por su exclusión. El
acceso a la ayuda puede terminar quedando limitado a aquellos con conexiones, a
aquellos que pagan sobornos o que son forzados a proporcionar favores sexuales.
Del mismo modo, quienes son capaces de hacer esto, pueden manipular las
estadísticas para inflar el número de beneficiarios y trasvasar la ayuda
adicional.
Otras área
La corrupción no es
específica de los países pobres o ricos, de países en desarrollo o en
transición. La forma preferida de corrupción varía de un país a otro, y se
aprecia que en países más transparentes y democráticos adopta formas más
sutiles y complejas, al existir un escrutinio público mayor. Por otra parte en
países sin prensa, ni elecciones libres la corrupción puede tomar formas más
burdas. En los países del oeste de Europa ha habido casos de sobornos y otras formas
de corrupción en todos los campos posibles: por ejemplo, desembolsos
"debajo de la mesa" efectuados a cirujanos reputados por pacientes
con la intención de que se les adelante su posición en las listas de espera,
sobornos pagados por suministradores a la industria del automóvil para que se
incluyan conectores de baja calidad por ejemplo en equipamientos de seguridad,
como airbags, sobornos pagados por suministradores de desfibriladores, (para
vender condensadores eléctricos de escasa capacidad), contribuciones pagadas
por parientes ricos al "fondo social y cultural" de una universidad
prestigiosa a cambio de la aceptación de sus hijos como alumnos, sobornos
pagados para obtener diplomas, ventajas financieras y de otro tipo ofrecidas a
los miembros del comité ejecutivo de un fabricante de automóviles a cambio de
posiciones favorables a empleados y votos, etc … Estas variadas manifestaciones
de corrupción pueden en última instancia suponer un peligro para la salud
pública o pueden producir descrédito en ciertas instituciones esenciales o
relaciones sociales.
La corrupción también
puede afectar a los distintos componentes de las actividades deportivas
(árbitros, jugadores, personal médico y de laboratorio implicado en los
controles anti-doping, miembros de la federación deportiva nacional y comités
internacionales encargados de la decisión sobre la situación de los contratos o
lugares de competición).
También ha habido
procesos judiciales contra (miembros de) distintos tipos de organizaciones sin
ánimo de lucro y ONG, así como organizaciones religiosas.
En última instancia, la
distinción entre la corrupción del sector público y privado a veces parece un
tanto artificial, y las iniciativas nacionales anti-corrupción pueden necesitar
evitar las lagunas jurídicas y legales en la cobertura de los instrumentos.
Niveles de corrupción y
transparencia
Véase también: Índice
de Percepción de Corrupción
Uno de los organismos
internacionales que monitoriza el nivel de corrupción y transparencia en 180
estados del mundo es Transparencia Internacional, con sede en Berlín, que
presenta un informe anual de todos los países y les da una puntuación de 1,0 a
10,0. De acuerdo con el informe de 2009, el país con el más alto nivel de
transparencia del mundo y que ocupaba el primer puesto con una puntuación de
9,4 era Dinamarca y a la fecha se conserva en el puesto número uno. Por otro
lado, el estado con el nivel de transparencia política más bajo del mundo y que
ocupaba el puesto 180 era Somalia, con 1,1.171819
Factores que favorecen
o que dificultan
Naturalmente son muchos
los factores que inciden sobre los niveles de corrupción, algunos facilitándola
y otros dificultándola.
Es obvio que si a nivel
institucional y en la justicia se tiene una posición firme y atenta respecto de
los distintos tipos de corrupción, ella tendrá tendencia a disminuir, y a la
inversa si se da el caso contrario.20 De todas formas, la represión y la
sanción en relación a los actos de corrupción deben existir y fortalecerse cada
vez más, pero también tienen sus límites. El narcotráfico por ejemplo así como
ciertos sectores corruptos enquistados en la política, llegan a tener tanto
poder y a ejercer tanta presión, que difícilmente logran ser combatidos.2122
La clave para en alguna
medida frenar la corrupción posiblemente se encuentre en el fortalecimiento del
tejido social-institucional. En este sentido la educación en valores puede
llegar a ser uno de los pilares, así como procedimientos menos abiertos y más
transparentes en relación al manejo del dinero y a la implementación de las
transacciones financieras, incluyendo por cierto el uso del llamado dinero
telemático o dinero digital, o sea el uso de especies dinerarias electrónicas y
nominativas, sin base material anónima, y que permita el cómodo seguimiento de
largas cadenas de transacciones.23242526
Lucha contra la
corrupción
Existen entidades
nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar
el nivel de corrupción administrativa internacional, como es el caso de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), y Transparencia Internacional. Además, la corrupción no es
sólo responsabilidad del sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno,
sino que incluye muy especialmente al sector privado, en cuyo caso se puede
hablar de corrupción empresarial o de tráfico de influencias entre el sector
privado y el público. En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho
sector tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción
presente en esos países tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta
el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.
La lucha contra la
corrupción implica dos enfoques complementarios: uno concentrado en el combate
frente a los actos realizados y otro concentrado en acciones preventivas. Entre
las acciones preventivas se pueden nombrar la transparencia de las
instituciones ante el uso de recursos públicos, mayor independencia de los
medios de comunicación y la revisión legal de las normas que se relación con el
poder judicial para lograr una mayor independencia del poder ejecutivo y
legislativo. Si el poder legislativo y ejecutivo son controlados por ciertos
partidos corruptos, estos pueden modificar la situación legislativa
entorpeciendo las labores judiciales o incluso convirtiéndolas en algo inocuo.
En ciertas épocas históricas, la aparición de manifiestos, figuras
intelectuales o nuevos partidos políticos provocan el cambio necesario en la
legislación necesario para que actos de esta índole no sucedan. Existen
entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de
supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional, como es el caso
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), y Transparencia Internacional. Además, la corrupción no es
sólo responsabilidad del sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno,
sino que incluye muy especialmente al sector privado, en cuyo caso se puede
hablar de corrupción empresarial o de tráfico de influencias entre el sector
privado y el público. En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho
sector tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción
presente en esos países tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta
el sector privado en conjunto con los sistemas políticos.
La lucha contra la
corrupción implica dos enfoques complementarios: uno concentrado en el combate
frente a los actos realizados y otro concentrado en acciones preventivas. Entre
las acciones preventivas se pueden nombrar la transparencia de las instituciones
ante el uso de recursos públicos, mayor independencia de los medios de
comunicación y la revisión legal de las normas que se relación con el poder
judicial para lograr una mayor independencia del poder ejecutivo y legislativo.
Si el poder legislativo y ejecutivo son controlados por ciertos partidos
corruptos, estos pueden modificar la situación legislativa entorpeciendo las
labores judiciales o incluso convirtiéndolas en algo inocuo. En ciertas épocas
históricas, la aparición de manifiestos, figuras intelectuales o nuevos
partidos políticos provocan el cambio necesario en la legislación necesario
para que actos de esta índole no sucedan.
Nota: 9.0
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